Carlos Lalanda, socio de Loyra Abogados, ha realizado un pormenorizado estudio de las enmiendas presentadas a las Corts Valencianas a propósito de la tramitación de la Nueva Ley del Juego cuyo texto fue presentado por el Govern Valenciano con el fin de substituir a la Ley del Juego de 1988.
Después de haber decaído su primera tramitación en la anterior Legislatura, fue elevado el Proyecto al parlamento autonómico el pasado mes de Noviembre por segunda vez, y en el análisis se destaca que las numerosas enmiendas presentadas ahora sobre todo por los mismos Grupos Parlamentarios que soportan al Gobierno de coalición son de tal calibre, que suponen una verdadera transformación del Proyecto inicial (el analista las califica de \»autoenmiendas\»), criticando el escaso margen de debate que se deja a importantes cambios normativos que pueden modificar las bases sobre las que hasta ahora se asentaba la intervención de la Comunidad Valenciana en relación con algunas de estas actividades.
Desbrozando y desentrañando muchas de las claves que encierran estas enmiendas, el análisis se centra en algunos puntos muy significativos:
- La Ley del Juego, con la excusa de acometer problemas derivados de la adicción por ludopatía, pasa a ser fundamentalmente una especie de Ley Sanitaria.
- Más allá de regular el control de la oferta de juego, se inmiscuye en el estatuto personalísimo de los ciudadanos, y configura una primer ejemplo real de intrusión del \»control informático total\» en las relaciones privadas.
- Desde el punto de vista competencial, acomete algunas zonas de intervención administrativa que deberían residir en la acción del Estado.
- Desde el punto de vista constitucional y del Ordenamiento Europeo, se constatan numerosas dudas sobre el respeto a las normas y principios que constituyen la bóveda del ordenamiento jurídico sobre el que se basa esta regulación.
En particular, el autor advierte de la ausencia de datos reales sobre la actividad de juego presencial en la Comunidad Autónoma que justifiquen tan drástica modificación de criterio en tan corto espacio de tiempo; y en consecuencia, de la desproporción de muchas de las modificaciones que se pretenden, y de las consecuencias jurídicas que podría acarrear su definitiva aprobación.
El estudio constituye un análisis desde una perspectiva jurídica necesariamente preliminar, pero orientativo de las dificultades a las que se tendrán que enfrentar primero los diputados que las promueven (dada la confusión técnica y superposición de muchas de ellas); también las de los ciudadanos y empresarios para acometer las numerosas e importantes obligaciones, deberes y limitaciones que se derivan de tales textos enmendados, enunciando las probables derivaciones impugnatorias de todo tipo que provocaría esta radical transformación, única en el mapa autonómico español.
Área de Juego de Loyra Abogados
